FACPCE ratificó el pedido a la UIF de aumentar el umbral para auditorías de estados contables

En representación de los 24 CPCE del país, la FACPCE envió una nota al titular de la UIF, Paulo Starc, para insistir en la suba del  umbral de 4.000 SMVM establecido por el organismo para el caso de las auditorías de estados contables, calculado sobre el resultado bruto de los estados contables de cada empresa auditada para definir la condición de sujeto obligado del profesional pertinente.

La Federación plantea que el desarrollo de las actividades profesionales llevadas a cabo desde la vigencia de la Resolución 42/24, como así también las experiencias recogidas desde entonces “confirman que el parámetro establecido, y la forma de aplicación, convierten en sujetos obligados a una cantidad importante de profesionales que se encuentran muy lejos de llevar a cabo encargos de clientes que revisten condiciones objetivas de riesgo en el campo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

“Es de destacar que justamente la normativa actual viene haciendo foco principal en el establecimiento de procedimientos basados en las condiciones de riesgo que se asumen en distintas circunstancias, por lo que resulta contradictorio incluir a los contadores públicos como sujetos obligados alejándose de esta perspectiva -añade-. Es por ello que venimos nuevamente a sugerir que se modifique el actual umbral del que hemos hecho referencia, entre otras cuestiones debido a que resulta ajeno a la dinámica profesional de los Contadores Públicos y no capta apropiadamente la magnitud que pretende establecer”.

La sugerencia es que en reemplazo de ese umbral “deberían utilizarse los valores previstos en la Resolución Técnica 54 de esta Federación, para la clasificación de los Entes en Pequeños y Medianos, norma técnica profesional conocida y aplicada de manera homogénea por el conjunto de la profesión”.

Añade que la solicitud se basa “no solo en que la utilización de ésta última como umbral en reemplazo de los 4.000 SMVM significaría un reconocimiento muchos más preciso de la intervención de los contadores públicas en auditorias con riesgo significativo, sino que además por tratarse de un parámetro de uso habitual por parte de la profesión resultaría mucho más sencilla y homogénea su aplicación”.

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