La elevación a juicio de la causa contra un asesor impositivo de Río Tercero acusado de ejercer ilegalmente como contador volvió a poner en primer plano el trabajo que, desde hace años, lleva adelante el CPCE Córdoba con la persecución penal de personas que realizan tareas reservadas a profesionales matriculados sin poseer título habilitante ni matrícula.
La investigación judicial llegará a debate oral tras una presentación realizada por la delegación local del CPCE que, detectó que el acusado durante años habría prestado servicios de asesoramiento contable e impositivo desde una oficina ubicada en el centro de Río Tercero. Según la acusación fiscal, entre 2019 y 2021 confeccionó declaraciones juradas de IVA e Ingresos Brutos, convenios multilaterales, liquidaciones laborales y previsionales, además de informes tributarios y tareas vinculadas a AFIP para productores agropecuarios, fideicomisos y empresas. Para la Justicia, se trata de actividades reservadas exclusivamente a contadores públicos matriculados por la Ley Nacional 20.488.
El expediente avanzó tras numerosas medidas probatorias impulsadas con la participación activa de la Comisión Especial de Fiscalización Profesional y del Departamento de Asuntos Legales de la Institución, a partir de actuaciones iniciadas en la Delegación Río Tercero. En el marco de la investigación, la Fiscalía ordenó allanamientos y el secuestro de documentación contable, computadoras y dispositivos electrónicos. Asimismo, incorporó pericias informáticas y contables, y dispuso el relevamiento del sitio web donde el imputado promocionaba servicios impositivos y laborales. Finalmente, mediante una resolución firmada por la jueza Sonia Pippi, se rechazó la oposición planteada por la defensa y se confirmó la elevación de la causa a juicio, habilitando así el inicio de la etapa oral del proceso.
Detrás de esa causa aparece el trabajo sistemático que viene realizando el CPCE Córdoba para judicializar el ejercicio ilegal de la profesión. No se trata sólo de una discusión corporativa sino de un problema que puede derivar en perjuicios económicos, evasión fiscal y daños patrimoniales para particulares y empresas. “El ejercicio ilegal de la profesión de contador pone en juego el patrimonio de una persona y la integridad patrimonial de la sociedad”, afirmó la presidente del CPCE, Teresita Bersano.
La estrategia judicial del CPCE incluye constituirse como querellante particular en varias causas para aportar pruebas y acompañar las investigaciones penales. El organismo argumenta que el control del ejercicio profesional forma parte de una función de interés público prevista por la ley, ya que el manejo de información patrimonial, tributaria y societaria exige estándares técnicos y responsabilidades específicas.
