La elevación a juicio de la causa contra un asesor impositivo de Río Tercero acusado de ejercer ilegalmente como contador volvió a poner en primer plano el trabajo que, desde hace años, lleva adelante el CPCE Córdoba con la persecución penal de personas que realizan tareas reservadas a profesionales matriculados sin poseer título habilitante ni matrícula.
La investigación judicial llegará a debate oral tras una presentación realizada por la delegación local del CPCE, que detectó que el acusado habría prestado durante años servicios de asesoramiento contable e impositivo desde una oficina ubicada en el centro de Río Tercero. Según la acusación fiscal, entre 2019 y 2021 confeccionó declaraciones juradas de IVA e Ingresos Brutos, convenios multilaterales, liquidaciones laborales y previsionales, además de informes tributarios y tareas vinculadas a AFIP para productores agropecuarios, fideicomisos y empresas. Para la Justicia, se trata de actividades reservadas exclusivamente a contadores públicos matriculados por la Ley Nacional 20.488.
El expediente avanzó luego de múltiples medidas probatorias, con la participación activa de la Delegación Rio Tercero y el Departamento de Asuntos Legales de la Institución. La fiscalía ordenó allanamientos, secuestro de documentación contable, computadoras y dispositivos electrónicos y, a su vez, se incorporaron pericias informáticas y contables con el relevamiento de un sitio web donde el imputado promocionaba servicios impositivos y laborales. La resolución firmada por la jueza Sonia Pippi rechazó la oposición de la defensa y dejó firme la elevación a juicio, habilitando así la etapa oral del proceso.
Detrás de esa causa aparece el trabajo sistemático que viene realizando el CPCE Córdoba para judicializar el ejercicio ilegal de la profesión. No se trata sólo de una discusión corporativa sino de un problema que puede derivar en perjuicios económicos, evasión fiscal y daños patrimoniales para particulares y empresas. “El ejercicio ilegal de la profesión de contador pone en juego el patrimonio de una persona y la integridad patrimonial de la sociedad”, afirmó la presidenta del CPCE, Teresita Bersano.
La estrategia judicial del CPCE incluye constituirse como querellante particular en varias causas para aportar pruebas y acompañar las investigaciones penales. El organismo argumenta que el control del ejercicio profesional forma parte de una función de interés público prevista por la ley, ya que el manejo de información patrimonial, tributaria y societaria exige estándares técnicos y responsabilidades específicas.
